Las autoridades sanitarias reaccionan con silencio administrativo, ante las demandas de objeción de conciencia al aborto.
La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia, ANDOC, informa que ante el millar de comunicaciones de objeción de conciencia presentadas por médicos, enfermeros y otros profesionales de los Servicios de Salud, a nivel nacional, las autoridades sanitarias autonómicas están escudándose en el silencio administrativo para no resolverlas. Esta situación deja en indefensión a los profesionales que, por condición de su trabajo, se consideran directamente implicados y afectados por la implantación de la Ley.
Esta ley, al convertir un delito despenalizado en un servicio sanitario, afecta a todo el personal de los Servicios de Salud: desde los administrativos, a los trabajadores sociales, enfermeros, médicos de atención primaria y especialistas: ginecólogos, anestesistas y obstetras.
En la práctica, esta ley convierte a funcionarios y trabajadores sociales en instructores extrajudiciales de pena capital por aborto, en un país donde la pena capital está proscrita por la Constitución. Con esta forma injustificada de proceder, las autoridades políticas están obstaculizando la objeción del personal administrativo y trabajadores sociales.
Igualmente convierte en delatores a los ginecólogos y obstetras a los que obliga a dictaminar sobre posibles enfermedades del niño al objeto de ser abortado. Para la gran mayoría de estos profesionales, el ser humano concebido es ya un paciente más, y un diagnóstico no debe ser empleado en contra de los intereses del paciente, por lo que están en su derecho a objetar cuando entiendan que los datos de sus observaciones serán utilizados para inducir abortos.
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