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miércoles, 8 de septiembre de 2010
Entrevista a Esteban R en Intereconomía Primera parte
Más se perdió en Cuba: Un ginecólogo muestra su rotundo rechazo a Ley Aborto de Jiménez
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viernes, 3 de septiembre de 2010
El silencio administrativo reacción ante la imparable objeción sanitaria
Las autoridades sanitarias reaccionan con silencio administrativo, ante las demandas de objeción de conciencia al aborto.
La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia, ANDOC, informa que ante el millar de comunicaciones de objeción de conciencia presentadas por médicos, enfermeros y otros profesionales de los Servicios de Salud, a nivel nacional, las autoridades sanitarias autonómicas están escudándose en el silencio administrativo para no resolverlas. Esta situación deja en indefensión a los profesionales que, por condición de su trabajo, se consideran directamente implicados y afectados por la implantación de la Ley.
Esta ley, al convertir un delito despenalizado en un servicio sanitario, afecta a todo el personal de los Servicios de Salud: desde los administrativos, a los trabajadores sociales, enfermeros, médicos de atención primaria y especialistas: ginecólogos, anestesistas y obstetras.
En la práctica, esta ley convierte a funcionarios y trabajadores sociales en instructores extrajudiciales de pena capital por aborto, en un país donde la pena capital está proscrita por la Constitución. Con esta forma injustificada de proceder, las autoridades políticas están obstaculizando la objeción del personal administrativo y trabajadores sociales.
Igualmente convierte en delatores a los ginecólogos y obstetras a los que obliga a dictaminar sobre posibles enfermedades del niño al objeto de ser abortado. Para la gran mayoría de estos profesionales, el ser humano concebido es ya un paciente más, y un diagnóstico no debe ser empleado en contra de los intereses del paciente, por lo que están en su derecho a objetar cuando entiendan que los datos de sus observaciones serán utilizados para inducir abortos.
miércoles, 1 de septiembre de 2010
La Muerte tiene un precio,
FUENTE Y AGRADECIMIENTO A RELIGION EN LIBERTADhttp://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=7117&mes=2&ano=2010
Con la muerte en los tacones.
Fuente: Clemente Polo
Aunque aborto y derecho a una muerte digna sean cuestiones muy distintas –la decisión de la madre tiene un efecto fatídico sobre el desarrollo del embrión o feto en el primer caso, mientras que en la eutanasia las consecuencias recaen sobre el propio sujeto que decide–, ambas tienen una dimensión moral que debe tener en cuenta cualquier ordenamiento legal. Causa por ello rubor que la responsable política de una sociedad desarrollada contemple estas cuestiones como si de una carrera de obstáculos se tratara, donde bien se salta la valla (en el caso del aborto) porque la cuestión está “socialmente superada”, bien no se salta (en el caso de la eutanasia) porque no “forma parte de una prioridad en el debate”.
Muchos ciudadanos que respaldan la opción de abortar libremente se oponen por razones morales a la pena de muerte, a esclavizar a personas o maltratar animales, de lo que se deduce que para ellos poner fin deliberadamente al desarrollo del feto no es una acción tan reprobable moralmente como ejecutar a otras personas (aunque hayan cometido delitos muy graves), esclavizar a otros seres humanos o maltratar animales. En contraposición, la mayoría de quienes se oponen consideran el aborto un acto infinitamente más reprobable que maltratar a los animales, esclavizar a otras personas y hasta equiparable a ejecutar a un hombre.
Como estas comparaciones ponen de manifiesto, las cuestiones morales que plantea el aborto no se pueden eludir, como hace la risueña Ministra Jiménez, aduciendo que el asunto se discutió hace “muchísimos años” y el Congreso ya aprobó una ley de interrupción del embarazo que otros partidos, hoy opuestos a la nueva ley, no modificaron cuando gobernaron y pudieron hacerlo. Craso error el confundir la indiferencia social o la ambigüedad de un partido, con el debate sobre la moralidad del aborto y su tratamiento legal en sociedades donde el derecho a la vida se considera supremo y hasta los animales gozan de derechos.
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Con la muerte en los tacones.
Con la muerte en los tacones.
29 de Agosto de 2010 | escrito por jmolinavaldes@gmail.com | clasificado en Política Sanitaria, Profesión
CON LA MUERTE EN LOS TACONES.Por Esteban Rodriguez
Ginecólogo
TRINIDAD NO TIENE EXCUSA NI PERDÓN.
Trinidad Jiménez, se muestra orgullosa de la ley abortista diseñada por su colega y camarada Bibiana Aido. Resulta sorprendente que una ley denominada de salud reproductiva no haya sido elaborada por el ministerio que se encarga de la salud pública. Pero más sorprende que la ministra de sanidad apoye, desde la barrera, una ley que permite matar a los seres humanos antes del parto y que lesiona la salud de la mujer. Por si no fuera poca la responsabilidad de la ministra de sanidad, la ley que aplaude pretende obligar a la clase médica a cooperar para facilitar que una madre pueda exigir de los médicos que la ayuden a matar al hijo del que están embarazadas cuando sea indeseable y adiestrar a médicos y sanitarios en formación para que aprendan las técnicas homicidas del abortismo técnico. Y para colmo toma parte para imponer un modelo de sexualidad que engaña sobre lo que es el “sexo seguro” fomentando métodos antimaternidad y la promiscuidad en la escuela, y sobre lo que es ese otro dogma político de la “identidad sexual” frente a lo que la comunidad científica no ha llegado a acuerdo para definirlo ni en la metodología para su evaluación. La ignorancia científica de Bibiana Aido resultó patente cuando, en entrevista en la Ser, afirmó: “que no existía evidencia científica de que un feto fuera un ser humano”. Se entiende que esta señora nunca ha estudiado Embriología Humana y puede que ni Biología General en la enseñanza secundaria. Trinidad no demuestra menor ignorancia que Bibiana. De lo que sí parecen saber es de métodos para no desarrollar la feminidad en su maxima expresión impidiendo la maternidad. Ninguna de las dos es licenciada en medicina y sin embargo se arrogan la potestad; una, de elaborar leyes que afectan a la salud y a los médicos y, la otra, de consentirla sin crítica ni oposición en una clara dejación de funciones.Ambas están marcadas por una ideología de partido de corte totalitario y ninguna tiene ni idea de ciencia, de educación sexual, de deontología, ni de ética médica, y tampoco mucha, visto lo visto, de ética política ni de prácticas de buen gobierno. Pero Trinidad Jiménez no tiene excusa. Yo mismo, junto con otras tres ginecólogas , entregamos en el ministerio de la Srª Jiménez una copia del Código de Ética y Deontología Médica en vigor, junto con un video que demuestra la vitalidad, la realidad personal, y la corporalidad humana del ser humano en las etapas iniciales de su vida. http://www.abc.es/20091009/sociedad-salud/ginecologos-entrega-jimenez-ecografias-200910091841.html Este código, de obligado cumplimiento para todo médico(art 2.1), establece que el médico nunca causará la muerte ni aunque se le solicite,(art 27.3) que el ser humano embriofetal debe ser tratado con las mismas directrices éticas que cualquier otro paciente (art. 24.1), que el médico es un servidor de la vida humana (art 23.1), que respetar la vida humana y la dignidad de la persona son los deberes primordiales del médico (art 4.1), que los médicos estamos dispensados de actuar si se nos exigen procedimientos que por razones científicas y éticas juzguemos inadecuados o inaceptables (art. 9.3) o que nunca perjudicará intencionadamente a un paciente ni actuará con negligencia (art. 4.4)Las razones éticas y científicas que invoca el art 9.3 son precisamente las que hacen que todo el mundo esté de acuerdo en que el aborto es una decisión desagradable y un trauma para la mujer. Trauma que daña su salud y le mata un hijo. Esas son la razones éticas y científicas (no religiosas ni ideológicas) que impiden que un médico, que actúe conforme a la ética, perjudique intencionadamente a la mujer con una interrupción homicida de la gestación ni aunque ésta lo exija en una situación de presión o de depresión. Al contrario, estaremos favoreciendo la salud de la mujer si tratamos su depresión y hacemos un refuerzo positivo para evitar; que participe en la muerte voluntaria de su hijo, los riesgos físicos de un arrancamiento quirúrgico y los de un trauma postaborto. Con el silencio administrativo nos respondió de Trinidad Jiménez, el mismo silencio cómplice y cobarde que ha mostrado haciendo dejación de funciones en defensa de la salud de las mujeres y de sus hijos ante una ley homicida contraria a la deontología médica y a los derechos fundamentales de sus administrados. Por aplastar bajo sus tacones la vida de los hijos, los derechos de padres y médicos y la dignidad de la mujer tampoco tiene perdón. Esteban Rodríguez.Ginecólogo
jueves, 19 de agosto de 2010
Cuando existir puede ser penado extrajudicialmente...
¿MÉDICOS O MERCENARIOS Y VERDUGOS? EL DELITO DE "LESA MATERNIDAD".
La reciente entrada en vigor de la ley abortista, que sustituye a la anterior de despenalización del aborto, supone un cambio fundamental en la misión del médico que queda pervertida en sus compromisos deontológicos con la sociedad.
Esta ley viene a introducir lo que podríamos considerar un nuevo delito; se trata del delito de “lesa maternidad,” penado con la muerte. Este delito es imputado a la persona durante la fase de gestación de su vida cuando se considera que su nacimiento pueda dañar la calidad de vida o los intereses de la progenitora, ya sea por venir en un momento inadecuado por no haber sido planificado o por venir con alguna anomalía, discapacidad o enfermedad, detectada antes del parto a través de los programas de cribados de anomalías congénitas implementados como controles aduaneros de calidad tanto por la administración sanitaria como por alguna sociedad científica.
La ley, diseñada por el ideológico ministerio de la igualdad y al margen del ministerio de sanidad y la ética médica, establece que deben ser los licenciados en medicina los que apliquen la pena de muerte a esos seres humanos cuando sus progenitores les imputen ese delito de lesa maternidad, siendo así convertidos en verdugos. La indicación de esos abortos nunca es médica sino política, ideológica o social y sin embargo se pretende que sea un médico quien cause la muerte mediante una interrupción del embarazo en lugar de un funcionario del ministerio de igualdad o de justicia adiestrados al efecto.
Esto supone una violación de la deontología médica que establece que:" el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera ante la solicitud expresa de este "(art 27.3) y que :"al ser humano embriofetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que se aplican a cualquier otro paciente."(art 24.1) Sorprende que un ministro de sanidad coopere, sin oposición, a dañar la salud pública apoyando políticas antideontológicas.
Cuando al ser humano embriofetal, sometido a cribado y diagnosticado antes de su nacimiento de alguna enfermedad, lo ejecutamos valiéndonos del poder que nos concede una ley, también se viola la deontología médica:” El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo” (art.27.1)
Por tanto, esto viene a crear una nueva categoría de técnicos que distingue al verdadero profesional médico que cumple con su vocación y obligación deontológica del mero licenciado en medicina dispuesto a violar la deontología profesional asumiendo voluntariamente el papel de cooperador necesario en la intención de un agente principal, bien como policía, bien como juez, o bien como verdugo. Cuando además esto se hace por dinero, este “licenciado para matar” queda transformado en un mercenario de la medicina al servicio del capitalismo mercantil del abortismo industrial representado por la patronal abortista ACAI.
Para evitar esta corrupción de la profesión médica sería bueno para toda la sociedad que los médicos continuasen ocupándose de curar y crear un cuerpo de técnicos abortistas, al margen de la profesión médica y sanitaria, que satisficiesen una demanda de una parte de la sociedad que desea tener el poder legal-mal llamado derecho- para decidir matar a los hijos antes de nacer.
Esteban Rodríguez Martín
Ginecólogo
Esta ley viene a introducir lo que podríamos considerar un nuevo delito; se trata del delito de “lesa maternidad,” penado con la muerte. Este delito es imputado a la persona durante la fase de gestación de su vida cuando se considera que su nacimiento pueda dañar la calidad de vida o los intereses de la progenitora, ya sea por venir en un momento inadecuado por no haber sido planificado o por venir con alguna anomalía, discapacidad o enfermedad, detectada antes del parto a través de los programas de cribados de anomalías congénitas implementados como controles aduaneros de calidad tanto por la administración sanitaria como por alguna sociedad científica.
La ley, diseñada por el ideológico ministerio de la igualdad y al margen del ministerio de sanidad y la ética médica, establece que deben ser los licenciados en medicina los que apliquen la pena de muerte a esos seres humanos cuando sus progenitores les imputen ese delito de lesa maternidad, siendo así convertidos en verdugos. La indicación de esos abortos nunca es médica sino política, ideológica o social y sin embargo se pretende que sea un médico quien cause la muerte mediante una interrupción del embarazo en lugar de un funcionario del ministerio de igualdad o de justicia adiestrados al efecto.
Esto supone una violación de la deontología médica que establece que:" el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera ante la solicitud expresa de este "(art 27.3) y que :"al ser humano embriofetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que se aplican a cualquier otro paciente."(art 24.1) Sorprende que un ministro de sanidad coopere, sin oposición, a dañar la salud pública apoyando políticas antideontológicas.
Cuando al ser humano embriofetal, sometido a cribado y diagnosticado antes de su nacimiento de alguna enfermedad, lo ejecutamos valiéndonos del poder que nos concede una ley, también se viola la deontología médica:” El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo” (art.27.1)
Por tanto, esto viene a crear una nueva categoría de técnicos que distingue al verdadero profesional médico que cumple con su vocación y obligación deontológica del mero licenciado en medicina dispuesto a violar la deontología profesional asumiendo voluntariamente el papel de cooperador necesario en la intención de un agente principal, bien como policía, bien como juez, o bien como verdugo. Cuando además esto se hace por dinero, este “licenciado para matar” queda transformado en un mercenario de la medicina al servicio del capitalismo mercantil del abortismo industrial representado por la patronal abortista ACAI.
Para evitar esta corrupción de la profesión médica sería bueno para toda la sociedad que los médicos continuasen ocupándose de curar y crear un cuerpo de técnicos abortistas, al margen de la profesión médica y sanitaria, que satisficiesen una demanda de una parte de la sociedad que desea tener el poder legal-mal llamado derecho- para decidir matar a los hijos antes de nacer.
Esteban Rodríguez Martín
Ginecólogo
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