Andalucía
El sindicato Médico de Málaga recordó que «la objeción de conciencia es un derecho fundamental individual reconocido en la Constitución Española»
Día 27/07/2010
El frente abierto por la Junta de Andalucía con la comunidad médica a raíz de la creación del registro de médicos objetores a la Ley del Aborto y la negativa de la Administración andaluza a reconocerlo, podría concluir en los tribunales. El Sindicato Médico de Málaga anunció ayer que emprenderá acciones legales contra «la consejera de Salud, María Jesús Montero, y contra todo aquel que obstaculice de algún modo el ejercicio de ese derecho».
El sindicato reaccionó ayer con contundencia tras las declaraciones efectuadas días atrás desde la Consejería de Salud en las que se señalaba que, aunque respetan «escrupulosamente» la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios, «no cabe ningún tipo de objeción de conciencia por parte de los profesionales que trabajan en el Sistema Sanitario Público Andaluz, puesto que las interrupciones voluntarias del embarazo no se realizan en centros públicos, sino que son derivadas a centros concertados que específicamente ofrecen este servicio».
Es cierto que los abortos se están realizando en centros privados, una circunstancia que el año pasado costó a la Junta 6,8 millones de euros, pero los médicos y demás profesionales sanitarios son los que tienen que derivar a las pacientes, algo que muchos no quieren hacer por cuestiones profesionales y éticas.
El Sindicato Médico de Málaga recordó ayer que «la objeción de conciencia es un derecho fundamental individual reconocido en la Constitución Española que no está regulado por otras leyes y se define como la negativa de una persona basada en serias razones de conciencia moral, a realizar ciertos actos o a participar en determinadas actividades que ordena la ley o la autoridad competente en un momento determinado».
«Es un derecho»
«La consejera se equivoca al amenazar a los médicos», señaló el citado sindicato, quien advirtió que «nadie puede disponer de la conciencia moral de sus semejantes y, en consecuencia, todos los médicos están en su derecho de negarse a colaborar tanto directa como indirectamente en un asunto que su conciencia rechaza».
«En las Facultades de Medicina se nos ha enseñado desde tiempo inmemorial a prevenir, tratar, curar o mitigar las enfermedades físicas o psíquicas de nuestros semejantes y, si ello no fuera posible, a consolar al paciente y sus familiares. En ninguna Facultad se nos enseña a quitar la vida a nadie y la objeción de conciencia ante esto es inviolable», incidieron, para después ratificar que «este sindicato apoya y defiende a todos los médicos y anuncia que emprenderá acciones legales contra la consejera y contra todo aquel que obstaculice de algún modo el ejercicio de ese derecho».
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha creado recientemente el Registro Andaluz de Médicos Objetores de Conciencia con el objetivo de garantizar «el ejercicio de la cláusula de conciencia a todos los profesionales médicos de la comunidad autónoma, en razón de cualquier práctica sanitaria que afecte sensiblemente a sus convicciones o creencias». La puesta en marcha de esta herramienta soliviantó a la Junta de Andalucía, que rápidamente le quitó legitimidad.
El CACM informó de que la decisión se adoptó en el pleno de presidentes que se celebró recientemente en Sevilla y que era consecuencia de la intranquilidad que tienen los facultativos ante posibles represalias por ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
Algunos colegios profesionales, como los de Málaga, Cádiz o Jaén, habían creado sus registros provinciales, pero con la puesta en marcha de uno con cobertura regional se intenta proteger a aquellos médicos que pudiesen estar desprotegidos. Este organismo informó que «pondrá a disposición de los más de 32.000 médicos un equipo jurídico especializado en objeción de conciencia» coordinado desde su secretaría
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