La Junta de Castilla-La Mancha intenta escamotear el auto del TSJCLM sobre objeción de conciencia médica.
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| El Consejero Lamela ¿es un "directamente implicado" en el abortismo institucional de su Comunidad? |
Recientemente, el TSJCLM dictó un auto por el que suspendía cautelarme algunos artículos de la Orden de la Consejería de Salud de 21 de junio de 2010 sobre el registro de objetores. En concreto, el Tribunal reconoció que el derecho a la objeción de conciencia al aborto habría de extenderse a los médicos de Atención y a los profesionales sanitarios que “tienen la obligación de realizar un trámite de información”.
Sin embargo, asombrosamente, en la nueva Orden de 22 de octubre, la Junta insiste en limitar derecho de objeción de conciencia al aborto, desoyendo la resolución de la Justicia manchega. Y lo hacen gracias a la “astucia” de los redactores, pues el auto reconoce la condición de “directamente implicado” al personal sanitario que relaciona la petición del Colegio de Médicos: médicos de atención primaria, reanimadores, enfermeros, anestesistas….”, pero en lugar alguno dice que se elimine el término “directamente implicado”. La nueva redacción mantiene el directamente implicado, sin explicitar quiénes son los directamente implicados, que es lo que la Resolución judicial aclara.
La Orden se vale de una técnica disyuntiva, que separa a los profesionales de la Sanidad en dos grupos: los “directamente” implicados y los otros. Así, mientras a unos se les reconoce el derecho, se les niega a los otros. De este modo consigue siempre su fin: que haya una parte que no dé problemas para el aborto.
Administrativamente ninguna Autoridad debe facilitar un formulario en donde previamente se induce a una opción. Un formulario administrativo no debe contener más texto que el que oriente al ciudadano a poner los datos, y permitir que sea él quien exprese lo que viene a alegar, pedir, quejarse u objetar. Bastaría un simple formulario para dirigirse a la Administración, sin textos dudosos propuestos por la Autoridad.
Desde ANDOC queremos instar al Consejero de Sanidad, Fernando Lamata a que respete las resoluciones de los Tribunales, en coherencia con sus recientes declaraciones: * "La objeción de conciencia no la concedo yo, un Colegio o un juez, sino la Constitución".
Queremos advertir, por último que, a pesar del reconocimiento constitucional de la objeción de conciencia sanitaria y de las resoluciones judiciales que lo avalan, todavía hay Comunidades, como Andalucía, en que los médicos de AP y otros profesionales sanitarios que objetan al aborto, se les está negando su derecho mediante subterfugios, cuando no a través de veladas amenazas de traslados o despidos.
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