Índice
Presentación.
La nueva regulación del aborto en España, L.O. 2/2010.
¿Qué dice la deontología médica sobre el aborto?
¿Qué es la objeción de conciencia?
¿La objeción está regulada en nuestro derecho?
¿Pero, quién puede objetar?
¿También se puede objetar la dispensación de la píldora postcoital, y la práctica del diagnóstico prenatal?
¿Cómo y ante quién objeto?
¿Además de objetar, puede hacer algo más?
Otros modos de objetar a la Ley del Aborto.
Anexo I: Modelo de escrito de objeción de conciencia.
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miércoles, 18 de agosto de 2010
lunes, 9 de agosto de 2010
La gestión del miedo, un arma abortista
El miedo, arma contra la objeción
Cuatro profesionales sanitarios narran sus experiencias al mes de la entrada en vigor de la nueva ley del aborto
La «reforma Aído» intenta abrirse camino en la sanidad pública con el miedo como arma preferida por los gobiernos socialistas para frenar las objeciones de conciencia, según denuncian los propios profesionales. En el día a día de la realidad el aborto surge imparable el temor del personal sanitario antiabortista a las presiones de jefes que sí comulgan con la normativa y la angustia a sufrir represalias laborales. Por eso los protagonistas de este reportaje han optado en su mayoría por el anonimato.
En Málaga, el pasado miércoles, una médico de Atención Primaria recibía la denegación de su objeción de conciencia por parte de un superior. «Alega lo que dice la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero: que no estoy directamente implicada», explica. Ella no piensa así: «El aborto tiene que salir de mi consulta. Si no lo firmo, esa mujer no va a llegar nunca a quirófano. Soy un eslabón más de la cadena, en la que están desde la administradora que entrega el documento sellado, hasta la limpiadora que quita el feto muerto».
No es la única en su centro de salud que objeta al aborto, pero tras conocer la censura, varios de sus compañeros prefieren taparse. «El jueves tenía que entregar cuatro objeciones en el registro de entrada, pero dos de mis compañeros me llamaron para pedirme que no lo hiciera», detalla. El contrato de esta profesional concluye en septiembre. En principio, «se me iba a renovar porque estoy la primera en bolsa»; pero ahora teme que «puede que no lo hagan». «Ver que no me he doblegado, que no he agachado la cabeza y continúo mis trámites hacia delante les ha hecho reaccionar negativamente hacía mí».
Los administrativos de los centros de salud también creen tener derecho a objetar. En Castilla y León, una mujer que desempeñó esas labores hasta el pasado año argumenta su negativa a derivar a clínicas privadas a mujeres que querían abortar: «Para mí era una situación muy violenta. No era la ejecutora del aborto, pero
formaba parte del proceso: tenía que informar a la mujer y darle instrucciones sobre qué no debía hacer la noche antes del aborto. Era doloroso imaginarte al bebé y pensar que al día siguiente lo iban a asesinar», afirma.
En medio de una doble «inseguridad jurídica», el ginecólogo Esteban Rodríguez denuncia desde Algeciras la «violación del artículo 16 de la Constitución» derivada de la obligatoriedad de «comunicar anticipadamente y por escrito» la objeción. «Tanto que la ley vendía la seguridad jurídica de los profesionales... Será la de los abortistas, la nuestra no».
El código ético
En su hospital, ningún médico «está dispuesto a practicar abortos, ni a cooperar en el procedimiento». Y no se niegan sólo por cuestiones morales o ideológicas, sino por el Código de Ética y Deontología Médica, «de obligado cumplimiento según la Ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario, de 2003, que dice que el médico no ocasionará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera ante petición expresa» y que «al ser humano embrio-fetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente».
Rodríguez, portavoz andaluz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, avisa: «No vamos a permitir que una ministra ideológica de Igualdad y otra de Sanidad que no tiene ni idea de medicina vengan a explicarnos nuestra profesión y nuestras obligaciones».
Una de las novedades de la nueva legislación abortiva es la entrega de un sobre informativo a las mujeres que quieran abortar. Es una imposición para los médicos de Atención Primaria a la que María Alonso, que ejerce en Madrid, objeta. «La paciente acude a nosotros en una situación de crisis que no se resuelve con un sobre en el que diga “Aquí se aborta”. Nosotros llegamos más allá porque entendemos su situación familiar, social y económica», expresa.
Gracias a eso, «la mujer sale reforzada y dando las gracias». Frente a «la información absolutamente sesgada de los sobres», que proponen el aborto como la única salida al embarazado imprevisto, Alonso se plantea la insumisión a la ley para aportar más información: «Simplemente con poder girar el ordenador y enseñarles una foto de su hijo, muchas mujeres cambian de opinión. Eso vale más que entregar el sobre». Alonso alerta del peligro de «la entrega sistemática y burocrática de un sobre sellado»: «Los profesionales debemos darnos cuenta de que no es un mero trámite. Lo que más daño puede hacer a la mujer es cerrarle otras puertas».
Los objetores animan a sus colegas a dejar de lado los temores. ¿Qué pasaría entonces si no hubiera nadie dispuesto a contribuir al aborto? «Quizás haya que plantearse que no es un derecho y que los médicos estamos para ayudar a la vida», sentencia Alonso. «Hay a quien le preocupa el cumplimiento de la ley, pero al médico lo que le preocupa es ayudar a la paciente», concluye.
jueves, 8 de julio de 2010
martes, 8 de junio de 2010
ÉPSILON EMPIEZA A TOMAR CUERPO
LA entrada en vigor de la Ley del Aborto está disparando las cifras de médicos andaluces que han decidido objetar ante la nueva norma al considerar que atenta contra sus principios éticos. El Colegio de Médicos de Málaga informó ayer de que en dos meses se han duplicado los facultativos que han expresado su deseo de no practicar interrupciones del embarazo bajo los nuevos supuestos, aunque señaló que «virtualmente son más» y que las solicitudes de información han crecido en los otros colegios profesionales de la región.
El Colegio aseguró en un comunicado que, en los dos meses previos a la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, ha aumentado aproximadamente un 50 por ciento el número de médicos que se han inscrito en el registro de objetores por estar en desacuerdo con la misma y por los conflictos morales que les puede generar.
D Este aumento no sólo afecta a los especialistas en Obstetricia y Ginecología, sino que también son muchos los facultativos de Atención Primaria que se están acogiendo a esta posibilidad. «Resulta muy significativo el hecho de que en estos últimos meses también se acercan a manifestar su condición de objetor médicos de otras especialidades y en concreto en Medicina Familiar y Comunitaria. Éstos solicitan su inscripción en el registro y se posicionan expresamente contrarios a participar en cualquier acto del proceso de interrupción voluntaria del embarazo, conforme a lo previsto por la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva», señaló en un comunicado el citado colegio profesional, quien justificó el postura de profesionales de los que inicialmente se pudiera pensar que no están directamente implicados en el aborto señalando «es el médico de cabecera el primero que recibe a la paciente que manifiesta su deseo de interrumpir voluntariamente su embarazo y es él quien, tras
solicitar los datos necesarios respecto a las posibles semanas de gestación, se encarga de realizar la derivación de la paciente para valoración de los supuestos legales».
Este hecho puede generar un conflicto, ya que la legislación únicamente contempla la objeción a los médicos directamente implicados en la interrupción de la gestación.
Interés generalizado
El presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Joaquín Fernández-Crehuet, explicó a ABC que este interés de los médicos por la vía objetora es generalizado en otras provincias, donde tiene constancia de que se ha producido un aumento considerable de las solicitudes de información y se ha asesorado a los facultativos sobre qué pueden hacer.
Aunque las cifras absolutas sobre el número de objetores son vagas —no todas las provincias tienen registro y las que cuentan con él, aún no han cerrado la cuantificación—, Fernández-Crehuet aseguró que «virtualmente hay más de los que han expresado su postura oficialmente».
Este doctor manifestó que una importante bolsa de objetores se encuentra en el ámbito de la Ginecología y que algunos de ellos, que en el pasado practicaban interrupciones del embarazo, han decidido no hacerlos bajo los nuevos supuestos. «Hay quien se niega a practicar un aborto a una chica de 16 años que no ofrece ningún tipo de argumentos», precisó.
El portavoz de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc), Juan Molina, incidió en la influencia de la norma en Atención Primeria y alertó de los conflictos que se están produciendo en la provincia de Granada, donde personal de dos distritos sanitarios han expresado sus quejas al sufrir presiones para realizar trámites administrativos en casos de interrupción del embarazo.
Molina criticó que se estén dando «órdenes verbales» a los médicos y que se amenace «con expedientes sancionadores» a los médicos de familia que no quieran participar en la cadena abortiva. «La razón que se ofrece es que no participan directamente en la interrupción del embarazo y que, en base a la protección de datos de la mujer, los trámites no los puede realizar personal administrativo», explicó.
Éste dio en el quiz de la problemática al apuntar que muchos médicos, «cuando tienen sentada frente a ellos a una mujer embarazada, no ven a una paciente, sino a dos».
El presidente de la Comisión Deontológica del colegio malagueño también alertó de que el incremento del número de objetores va a aumentar el gasto de la Junta de Andalucía, pues serán más las interrupciones de embarazo que se derivarán a clínicas privadas con los que la Administración andaluza tiene conciertos económicos.
La delegada de Salud de la Junta en Málaga, María Antigua Escalera, aseguró ayer que en la provincia la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se está aplicando «con absoluta normalidad» en la provincia. «Los servicios tienen toda la información y cumplimos la ley», dijo.

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