LA entrada en vigor de la Ley del Aborto está disparando las cifras de médicos andaluces que han decidido objetar ante la nueva norma al considerar que atenta contra sus principios éticos. El Colegio de Médicos de Málaga informó ayer de que en dos meses se han duplicado los facultativos que han expresado su deseo de no practicar interrupciones del embarazo bajo los nuevos supuestos, aunque señaló que «virtualmente son más» y que las solicitudes de información han crecido en los otros colegios profesionales de la región.
El Colegio aseguró en un comunicado que, en los dos meses previos a la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, ha aumentado aproximadamente un 50 por ciento el número de médicos que se han inscrito en el registro de objetores por estar en desacuerdo con la misma y por los conflictos morales que les puede generar.
D Este aumento no sólo afecta a los especialistas en Obstetricia y Ginecología, sino que también son muchos los facultativos de Atención Primaria que se están acogiendo a esta posibilidad. «Resulta muy significativo el hecho de que en estos últimos meses también se acercan a manifestar su condición de objetor médicos de otras especialidades y en concreto en Medicina Familiar y Comunitaria. Éstos solicitan su inscripción en el registro y se posicionan expresamente contrarios a participar en cualquier acto del proceso de interrupción voluntaria del embarazo, conforme a lo previsto por la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva», señaló en un comunicado el citado colegio profesional, quien justificó el postura de profesionales de los que inicialmente se pudiera pensar que no están directamente implicados en el aborto señalando «es el médico de cabecera el primero que recibe a la paciente que manifiesta su deseo de interrumpir voluntariamente su embarazo y es él quien, tras
solicitar los datos necesarios respecto a las posibles semanas de gestación, se encarga de realizar la derivación de la paciente para valoración de los supuestos legales».
Este hecho puede generar un conflicto, ya que la legislación únicamente contempla la objeción a los médicos directamente implicados en la interrupción de la gestación.
Interés generalizado
El presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Joaquín Fernández-Crehuet, explicó a ABC que este interés de los médicos por la vía objetora es generalizado en otras provincias, donde tiene constancia de que se ha producido un aumento considerable de las solicitudes de información y se ha asesorado a los facultativos sobre qué pueden hacer.
Aunque las cifras absolutas sobre el número de objetores son vagas —no todas las provincias tienen registro y las que cuentan con él, aún no han cerrado la cuantificación—, Fernández-Crehuet aseguró que «virtualmente hay más de los que han expresado su postura oficialmente».
Este doctor manifestó que una importante bolsa de objetores se encuentra en el ámbito de la Ginecología y que algunos de ellos, que en el pasado practicaban interrupciones del embarazo, han decidido no hacerlos bajo los nuevos supuestos. «Hay quien se niega a practicar un aborto a una chica de 16 años que no ofrece ningún tipo de argumentos», precisó.
El portavoz de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc), Juan Molina, incidió en la influencia de la norma en Atención Primeria y alertó de los conflictos que se están produciendo en la provincia de Granada, donde personal de dos distritos sanitarios han expresado sus quejas al sufrir presiones para realizar trámites administrativos en casos de interrupción del embarazo.
Molina criticó que se estén dando «órdenes verbales» a los médicos y que se amenace «con expedientes sancionadores» a los médicos de familia que no quieran participar en la cadena abortiva. «La razón que se ofrece es que no participan directamente en la interrupción del embarazo y que, en base a la protección de datos de la mujer, los trámites no los puede realizar personal administrativo», explicó.
Éste dio en el quiz de la problemática al apuntar que muchos médicos, «cuando tienen sentada frente a ellos a una mujer embarazada, no ven a una paciente, sino a dos».
El presidente de la Comisión Deontológica del colegio malagueño también alertó de que el incremento del número de objetores va a aumentar el gasto de la Junta de Andalucía, pues serán más las interrupciones de embarazo que se derivarán a clínicas privadas con los que la Administración andaluza tiene conciertos económicos.
La delegada de Salud de la Junta en Málaga, María Antigua Escalera, aseguró ayer que en la provincia la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se está aplicando «con absoluta normalidad» en la provincia. «Los servicios tienen toda la información y cumplimos la ley», dijo.
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